El Consejo de Estado condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a indemnizar a la familia de un interno, quien resultó herido con arma de fuego durante un operativo en Fusagasugá en el que fue capturado, por porte ilegal de armas.
El interno fue llevado inicialmente al hospital San Rafael de Fusagasugá para recibir atención primaria por sus heridas y luego fue conducido por la Policía a la Cárcel Modelo de Bogotá.
Durante su estadía en el penal, la salud del interno empeoró y luego falleció en el Hospital San Juan de Dios.
Según el alto tribunal, el Inpec no debe responder por la muerte del detenido en sí, sino por no brindarle la atención médica adecuada cuando éste se encontraba recluido en el establecimiento prisión.
En el proceso se pudo comprobar que se presentaron demoras en los trámites de autorización y por eso no se le practicó una intervención quirúrgica que los mismos médicos del penal había recomendado.
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